Procedimiento para la Solicitud y Otorgamiento de una Concesión Marítima en Chile
El procedimiento de tramitación es complejo y puede extenderse por más de dos años, ya que involucra la participación de distintos organismos públicos y contempla etapas de oposición, revisión técnica por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, toma de razón por Contraloría y la entrega material
de la concesión al titular.
El trámite para obtener una concesión marítima se divide en tres grandes etapas: la preparación del expediente, la tramitación formal de la solicitud y la legalización y entrega de la concesión.
Etapa preliminar: preparación del expediente
En esta fase se recopilan los documentos y certificados exigidos por el Reglamento sobre Concesiones Marítimas, lo que suele tardar varios meses. Entre los antecedentes requeridos se encuentran:
- Plano y anteproyecto: Debe elaborarse un plano digital según los lineamientos de la Directemar, identificando las superficies solicitadas, las líneas de playa o aguas máximas y las obras proyectadas.
- Resolución de línea de playa o certificado de inspección de líneas: Documento en el que se fija o se certifica el trazado de la línea de playa en el borde costero o de aguas máximas en lagos o ríos
- Certificados sectoriales: Emitidos por organismos como el Servicio de Impuestos Internos, Dirección de Obras Municipales o SEREMI de Vivienda, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, SEREMI de Obras Públicas y, en algunos casos, el Servicio Agrícola y Ganadero o el Ministerio de Agricultura.
- Antecedentes legales del solicitante: Escritura de constitución, vigencia de la sociedad, poderes de representación y documentos de identidad.
- Inscripción fiscal: En caso de terrenos de playa, se debe acreditar su dominio en favor del Fisco.
La falta de algún antecedente puede significar la inadmisibilidad de la solicitud.
Etapa de tramitación formal
Una vez presentado el expediente en la plataforma electrónica del Ministerio de Defensa Nacional, se inicia la revisión formal:
- Admisibilidad: La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas revisa la solicitud en un plazo de 20 días hábiles.
- Publicidad de la solicitud: El extracto se publica en la web institucional y, tratándose de concesiones mayores, también en un diario de circulación regional o nacional.
- Oposición de terceros: Personas o entidades que acrediten derechos pueden oponerse a la concesión dentro de 30 días de efectuada la publicación. El Ministerio resuelve la oposición en caso de no existir acuerdo entre las partes.
- Informes técnicos: La Directemar elabora un Conglomerado Informe Técnico que analiza la seguridad, compatibilidad territorial y posibles sobreposiciones. Además, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) puede emitir un pronunciamiento, especialmente relevante en proyectos de impacto público.
- Decreto Supremo: Finalmente, si procede, se dicta el Decreto Supremo de concesión marítima que, para ciertos tipos de trámites, debe ser tomado de razón por la Contraloría General de la República.
Etapa de legalización y entrega
Una vez aprobado el decreto, se procede a la entrega oficial de la concesión:
- Notificación y publicación: El decreto se notifica al interesado y debe publicarse en el Diario Oficial.
- Pago de renta y constitución de garantía: El titular debe pagar la renta o tarifa correspondiente y presentar una garantía (boleta bancaria o póliza de seguro) equivalente a dos años de renta y tarifa para las concesiones marítimas mayores y de un año para las menores.
- Entrega material: La Autoridad Marítima suscribe un acta de entrega, tras lo cual el concesionario puede iniciar sus obras, salvo que el respectivo decreto supremo exija la presentación de estudios aplicables (por ejemplo, la evaluación ambiental del proyecto).
El otorgamiento de una concesión marítima en Chile es un proceso extenso y regulado, que exige la presentación de antecedentes técnicos y legales, así como la intervención de distintos organismos públicos. Por ello, resulta fundamental planificar con antelación y contar con asesoría especializada para evitar retrasos y aumentar las probabilidades de éxito en la tramitación.
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